Desde hace ya un tiempo y cada vez más, estamos asistiendo al resurgimiento de la Formación Profesional, un modelo formativo que evoluciona día a día y pone en valor nuevos perfiles profesionales adaptados a las necesidades de un mercado laboral igual de cambiante.

Como refleja el informe Datos y Cifras del curso 2021-2022, publicado recientemente por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el alumnado con mayor progresión es el de Formación Profesional, que suma 39.467 estudiantes (un 4,1% más que el curso anterior), hasta los 1.013.912. De ellos, 523.309 son de grado superior; 409.880 de grado medio; 77.337 de FP Básica; y 3.386 de cursos de especialización. Estos datos confirman un cambio de tendencia en España y convierten a la Formación Profesional en la opción perfecta para aquellas personas orientadas a la práctica, muy valoradas por el mercado laboral de nuestro país, y también, para aquellas que quieran emprender.

En línea con estos datos, el nuevo escenario, que se prefigura como consecuencia del proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional supone un importante avance para el impulso de la FP y contribuye al interés general del conjunto de la sociedad y del tejido productivo del país por ese modelo formativo. El texto normativo aborda con decisión diversos problemas de los que adolece el sistema de Formación Profesional en la actualidad y ofrece soluciones que sirvan para impulsar la calidad del modelo, contribuyendo a la mejora de su prestigio social y adaptando los contenidos que reciben los alumnos.

La nueva norma permitirá atajar problemas actuales, como la imposibilidad de certificar los conocimientos y habilidades de las personas que los han adquirido a través de una dilatada experiencia, la dificultad de las empresas a la hora de cubrir vacantes de nivel intermedio de cualificación, el lastre social derivado de una visión que no se adapta a la realidad o la falta de una respuesta eficaz a las necesidades de la nueva economía.

Asimismo, el proyecto de Ley de Formación Profesional contempla otras interesantes modificaciones, como la propuesta de unificar las ofertas del actual sistema –Formación para el Empleo y Formación Profesional–; la de dotar de mayor flexibilidad al sistema de Formación Profesional o que el periodo de formación práctica del alumno en el centro de trabajo se pueda desarrollar en varias empresas, lo que podría posibilitar una mayor implicación de pymes y microempresas en el proceso. De igual modo, la futura ley acierta nuevamente estableciendo una mayor cooperación entre los centros de Formación Profesional y las Universidades, y apostando por la internacionalización del sistema de Formación Profesional.

No obstante, identificamos algunas mejoras que podrían llevarse a cabo en futuros desarrollos normativos y que contribuirán a la senda del éxito de la nueva FP en la que ya estamos inmersos. Por ejemplo, consideramos recomendable diferenciar, en mayor medida, entre las dos modalidades de Formación Profesional que plantea el proyecto de ley (dual general y dual avanzada), ya que la utilización del término dual en ambos casos, podría inducir a error. También debería expresarse explícitamente si en el régimen dual general existe la posibilidad de que el aprendizaje se desarrolle en alternancia, es decir, combinando periodos formativos en el centro educativo y en la empresa.

Por otro lado, con el objetivo de facilitar la colaboración de las empresas en el sistema, apostamos por la creación de foros gestionados por entidades intermedias, con la participación tanto de centros educativos como de empresas, en los que se elaboren reglamentos específicos que regulen el contenido de cada programa formativo (competencias y habilidades a adquirir en la empresa). Asimismo, para atraer a más empresas al sistema e incrementar la oferta formativa en centros de trabajo, sería recomendable permitir la vinculación del aprendiz con la empresa a través de becas formativas. Esto ayudaría a que empresas que no pudieran asumir la contratación del estudiante participaran en el modelo.

En otro orden de cosas, poniendo el foco en el régimen dual avanzado, puede que no sea recomendable que sea el centro formativo el que lleve a cabo la evaluación de los conocimientos adquiridos durante la estancia en la empresa. Sería más útil que organismos intermedios organizaran y gestionaran las pruebas de evaluación de los contenidos prácticos, expidiendo el certificado correspondiente.

Por otro lado, el tejido empresarial español está compuesto, en su mayoría, por pequeñas y medianas empresas (el 99,8% de las empresas españolas son pymes). Por tanto, la implantación del modelo de FP dual requiere de la cooperación imprescindible de este tipo de compañías, algo no garantizado habida cuenta de su recurrente limitación de recursos.

De igual modo, sería necesario detallar un sistema de incentivos para atraer y captar a empresas colaboradoras que acojan estudiantes de la FP dual. En ese sentido, disponer de empresas formadoras idóneas para el desarrollo de proyectos de FP dual resulta un elemento crítico para la calidad del modelo.

Por último, en lo que respecta a la Formación Profesional semipresencial y virtual, cabe plantear, al menos en el ámbito virtual, el establecimiento de unos requisitos mínimos comunes a nivel estatal, adecuados a la obtención de la titulación correspondiente. En este nuevo contexto social que llama a la teleformación y a una gestión de la educación a través de formatos digitales, se debe destacar, además, aquellas acciones puestas en marcha para dinamizar el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito formativo de la FP. Como por ejemplo, el Programa e-FP, impulsado con el apoyo de Fondo Social Europeo, cuyo objetivo promover el emprendimiento y la innovación en el ámbito de la Formación Profesional, gracias a una propuesta académica que incentiva la innovación y la creatividad. El programa inicia ahora su tercera edición y está a disposición de 2.500 estudiantes de FP de toda España que quieran aprender a desarrollar su propio proyecto con las mismas herramientas que utilizan las startups.

 

José Luis Bonet/Jesús Sainz son Presidente de la Cámara de Comercio de España/ Presidente de Fundación Créate